lunes, 18 de octubre de 2010

PASANDO DE LO PÚBICO A LO PRIVADO: IMPLICACIONES POLITICAS Y SOCIALES DENTRO DEL MODELO DEL ESTADO LIBERAL

En entrevista con Marta Elena Ardila, Psicóloga y bioeticista y miembro del comité de redacción del Acto Legislativo 002 de 2009 podemos sacar el siguiente texto.
Para el desarrollo de este artículo debemos iniciar discutiendo el contexto. Este proyecto de ley nace como respuesta a crecientes cifras de incidencia de los jóvenes y a edades cada vez menores, en términos psicológicos el fenómeno que se presenta se denomina “generalización del consumo”, lo anterior significa que a medida que la cantidad de personas que consume sustancias psicoactivas aumenta se pierde el “tabú” alrededor del consumo y lentamente se convierte en una costumbre aceptada por la sociedad; el consumo de dichas sustancias ya no sucede en lugares escondidos y marginales sino se traslada a lugares a la vista de la comunidad como bares, discotecas e incluso espacios públicos como parques y calles, esto lleva a que el concepto de lo que es normal fluctué y el consumo de drogas deje ser anormal para convertirse en normal. 
Lo anterior se mezcla con los conceptos que tiene la sociedad colombiana sobre lo que es la ley y como debe cumplirse. Lo anterior lleva a dos factores que debemos considerar: En primer lugar el irrespeto a la ley es un proceso muy antiguo en Colombia, donde la desconfianza que tenían los locales a las leyes españolas continuaron después de la colonia pues las clases criollas dirigentes adoptaron la misma línea autoritaria, este fenómeno permanece hasta nuestros días y ha producido dichos populares como “hecha la ley, hecha la trampa” o “la ley es para los de ruana”. Esta desconfianza claramente tiene consecuencias sobre el pensamiento popular que se denomina como “pensamiento hipotético deductivo” el cual lleva a que los jóvenes particularmente no conciban la ley como un deber ser sino como una ambivalencia de posibilidades donde generalmente la respuesta depende de la probabilidad “de que me cojan haciendo el ilegal”. El segundo punto tiene que ver con la pluralidad jurídica (distíngase de pluralismo), la cual también tiene sus orígenes en épocas coloniales donde el desarrollo de sistemas capitalistas en determinados sectores del país mientras otros quedaban relegados a una era pre capitalista, la baja incidencia social llevo al nacimiento de un pluralidad jurídica; para efectos de este articulo esta se entenderá como “sabiduría popular”; el gran problema aquí reside en que la “sabiduría popular” de hecho resulta bastante ignorante, no solo frente a la ley sino también frente a los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas lo cual inevitablemente lleva al incremento del consumo.
Un último factor es el de las circunstancias del siglo XXI, un siglo particularmente marcado por mayores índices de riesgo. Las nuevas tecnologías, en constante cambio han hecho de la vida una mucho más rápida generando estrés y ansiedad en los individuos; de la misma manera estas tecnologías han permitido a los productores de sustancias psicoactivas hacerlas más adictivas para mantener una demanda sólida, estas don consecuencias de la tecnología han llevado a un incremento enrome en el consumo.

Estos tres factores de la sociedad y sus relaciones con el derecho se han unido para llevar a un aumento en el consumo e irrespeto a la normatividad sobre el mismo, en estos términos el Acto Legislativo 002 de 2009 es una respuesta estatal a estos factores. A continuación analizaremos el marco teórico dentro del estado liberal así como los posibles alcances y resultados de este proyecto.
Para combatir la “generalización del consumo” se implemente el concepto de la corresponsabilidad, que sugiere que el trabajo debe ser conjunto entre el Estado y la sociedad, animando a los ciudadanos a denunciar estos casos y dar ayuda a los farmacodependientes. Sin embargo esta estrategia solo funcionaría si la sociedad estuviera dispuesta a colaborar, sin embargo la desconfianza y pluralidad, donde se acepta el consumo como algo normal son obstáculos importantes para la obtención de resultados positivos, por tanto una campaña de prevención e información sería conveniente si se busca lograr resultados positivos. Sin embargo este proyecto de ley no combate el tercer factor diagnosticados anteriormente como la ansiedad o la refinación del producto, no obstante, esfuerzos en ese sentido se hacen a nivel nacional por tanto no sería justo argumentar que la ley no será exitosa por no dirigirse al tercer factor diagnosticado. Como consecuencia de lo anterior se puede concluir que los resultados de esta ley se verán únicamente en el largo plazo, pues como dice Marta: “no habrá resultados positivos hasta que cambie la mentalidad de la sociedad colombiana, hasta que se acepte que la solución radica en la rehabilitación y no en la penalización”.
Al haber diagnosticado los factores del problema del creciente consumo de sustancias psicoactivas, y analizar los potenciales resultados de la respuesta estatal, es necesario analizar si es una movida convenientes tanto en el campo del hecho como en el campo del derecho.
Frente al campo de hecho, Marta nos explica como en varios casos los comportamientos de los farmacodependientes se vuelvan tan disfuncionales que ya no le pueden competer únicamente al sector privado pues se vuelven descontroladles para este, en estos momentos es necesario que el Estado intervenga. De la misma manera y analizando el problema desde la perspectiva de la bioética con los principios de Prima Facie y teniendo en cuenta los lineamientos determinados en la declaración de Ottawa donde buscando la equidad y el equilibrio de los seres humanos nace el “modelo ecológico” vemos como de todos los males es necesario escoger el menos peor, que en este caso sería la intervención del estado en pro de una intervención preventiva, apuntada hacia una igualdad de condiciones.  Por otra parte el concepto de corresponsabilidad implica que el esfuerzo debe parir de la comunidad entera que se movilice a favor de los farmacodependientes, pues no es un tema legal que le compete solo a los abogados y los políticos sino una tema que por su generalización está afectando a la sociedad en su conjuntos y por tanto el problema es de todos.
La bioética también desarrolla varias teorías sobre cómo la vida del individuo necesariamente se verá afectada por y además afectará la sociedad, ellos porque el ser humano vive en sociedad y todos los actos desde nuestro nacimiento son actos de sociedad, por tanto los problemas que tiene un individuo (menos si el problema sufre de “generalización como la droga) se pueden considerar como casos aislados que no le conciernen a la sociedad.
Por oposición a lo anterior al hacer un análisis de la intervención de Estado desde un punto de vista del derecho, parecería en un principio que viola el principio fundamental del modelo del Estado liberal bajo el cual nos regimos que implica la menor incidencia del Estado dentro de la esfera privada del individuo para permitir su libre desarrollo. Sin embargo, un análisis más detallado arroja conclusiones muy diferentes, que se discutirán a continuación. En un principio debemos entender que una persona narcodependiente puede ser un peligro para la sociedad, por cuanto la ansiedad que genera el consumo de drogas lleva necesariamente a un aumento en la agresividad del individuo, sin embargo al preguntarnos ¿Qué es lo que lo hace un peligro? La respuesta lógica será es un peligro por su condición de farmacodependiente, en esos términos al eliminar esa condición a través de tratamiento se podría reinsertar al individuo a la sociedad y hacer de él un miembro productivo de la misma en estos términos nada sería más compatible con los principios del Estado liberal que devolverle al individuo su proyecto de vida para el libre desarrollo de su personalidad, de la misma manera esta intervención permitiría que los demás individuos dentro de la sociedad puedan desarrollarse libremente sin la amenaza que representa el farmacodependiente.
En razón a lo anterior podemos concluir que el consumo de drogas se está convirtiendo en un problema generalizado por cuestiones de irrespeto a la ley, aceptación por parte de la sociedad y las circunstancias del siglo XXI. En este sentido una política buena debe estar apuntada a responder a aquellos factores y por tratarse de cambios sociales, sería natural que tomarán tiempo; sin embargo esta intervención estatal está justificada dentro del campo del hecho por ser los farmacodependientes seres humanos que se relacionan con la sociedad (y por tanto la afectan y ayudan a formarla) como cualquier otro. De la misma manera por las consecuencias del consumo, nos explica Marta, el farmacodependiente necesariamente será un irrespetuosos de la sociedad, en este sentido vemos un paso de la esfera privada a la esfera pública pues ya no hay un caso de farmacodependiente sino de abusador de la comunidad, de esta manera la intervención estatal resulta fundamental. 

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