En el escrito “El Pobre” de Georg Simmel se puede ver como el autor busca mostrar como el estado, cumpliendo su función de protector de la sociedad deja al pobre de último en una línea de importancia y que a pesar de esto lo tiene convencido de que el fin último de éste órgano es buscar por medio de impuestos a los ricos y otros medios es ayudarle para que salga de este estado de pobre.
En la lectura, el autor hace énfasis en que el pobre es el último en una lista de importancia, mencionando que el estado no le da realmente los derechos al pobre de exigir que se le ayude, sino le protege los bienes al rico (que paga los impuestos) de que el pobre se los robe. “…, no sería el pobre el que tendría acción contra el Estado, sino los demás elementos indirectamente dañados por el descuido por el descuido del estado. En el caso, por ejemplo, de que se pudiera probar que el que un ladrón no habría realizado tal o cual robo si se le hubiese dado el socorro legal por él solicitado, sería en principio el robado el que podría reclamar una indemnización de la administración”.
Luego el autor busca hacer reflexionar al lector sobre la realidad social en la que vive quien es pobre. El autor menciona que para la sociedad es mal visto ser pobre, y que por lo tanto el Estado en algunos casos, como lo es el ejemplo de Prusia, le ha delegado la obligación de prestarle ayuda al pobre, a su propia familia. Sin embargo, esto solo se logra en una sociedad en la cual los mismos familiares buscan ocultar el estado de pobre del miembro de la familia.
Ahora bien, hay una gran similitud frente al pobre del texto con lo que viven los drogadictos de nuestra sociedad actual.
Para empezar, retomemos lo propuesto en el proyecto de ley 002/09. El fin último del proyecto es garantizar la protección de la salud de las personas que consuman sustancias psicotrópicas; y la protección de la salud pública, ya que se considera que muchas personas consumen en lugares públicos. Se habla también de las sanciones no privativas de la libertad que se le darán al consumidor, cuando se crea que no se están respetando los derechos individuales o colectivos. Habiendo nombrado la primera parte de la ley, se puede identificar claramente como el Estado, por medio de una ley deja a los drogadictos, al igual que al pobre, en una lista de importancia, casi en el último lugar. A pesar de mencionar la garantía de la salud del consumidor, menciona que a este se le sancionará si se considera que está afectando a otros. Y, si lo vemos desde ese punto de vista, lo que a al fin y al cabo le acuerda al Estado la existencia de estos adictos son las quejas de la sociedad que no quiere aceptar la drogadicción, ni buscarle una solución, sino simplemente acabar con ella, al igual que lo hace con el pobre.
En una segunda parte de la ley se menciona el procedimiento que llevará a cabo el Estado para proteger la salud del adicto. Empezando por el hecho que el primer ente estatal con el que tendrá contacto el adicto es la policía, surge la pregunta de si realmente la mejor opción para lograr la recuperación de el, que es considerado, enfermo se logra por medio de un reclutamiento casi forzado; y por otro lado, si su primer contacto es con la policía, se puede deducir que tubo que haber hecho algo que haya molestado a otro para que la policía note su existencia y pueda proceder a la rehabilitación. ¿Se busca la protección del adicto? o ¿la protección de la sociedad frente al “peligroso” adicto? Estas son dos preguntas que surgen al haber leído el texto de Simmel, ya que frente al trato que se le da al adicto y el que se la da al pobre, la única diferencia sería el nombre.
Hay que tener en cuenta, que frente a la sociedad, el adicto al igual que el pobre, puede recurrir a la limosna o al robo si no consigue medios para satisfacer su adicción. Tal vez, es por esto que el Estado busca primero que se controle la situación con la ayuda de la policía. Pero, si la idea de la ley es ayudarle al adicto, no se trata entonces que, una vez cometido el robo, o pedida la limosna, el adicto sea llevado, sino se trata de aceptar el hecho, que hay personas que son adictas y de controlar el consumo en vez de castigar al adicto por su posición de enfermo.
Para finalizar, la ley también menciona la recuperación de todos los adictos en el país. Pero, hay que tener en cuenta que la recuperación de, lo que se sospecha son, 300.000 drogadictos, es una suma de dinero tan grande, que probablemente no podrá ser abastecida por el estado colombiano en este momento. Razón por la cual, el estado tendrá que buscar una solución, que puede ser por medio de impuestos, o, como se hizo en el caso del pobre en Prusia, por medio de una presión social que deje al drogadicto como la oveja negra de la familia, y que esto cree una obligación de la familia por rehabilitar a su oveja negra.
En conclusión, el estado a pesar de nombrar la salud del drogadicto como fin último de la ley, lo que realmente esta protegiendo es a la sociedad del “peligroso” drogadicto, al igual que lo hace con el pobre.
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