Reflexiones finales sobre la política de drogas: Dos visiones opuestas sobre la política internacional

La lucha contra el tráfico ilegal de drogas: una responsabilidad internacional:

A lo largo de este semestre, y mediante la investigación que estamos terminando, el grupo de estudio se llego, entre otras, a la siguiente conclusión: la política de drogas, debe afrontarse como una política internacional; y la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes debe ser una responsabilidad de todos los países y de las organizaciones internacionales.


El petróleo, los metales y la madera, son bienes cuyo tráfico se controla internacionalmente. Se hace necesario que la política de las drogas sea también una práctica internacional, generalizada y homogenizada.


La droga se siembra en un país, se consume en otro, las ganancias están en otro, y las muertes en los tres. Esto hace que sea necesaria una política que integre a los tres tipos de naciones: consumidores, víctimas, productor (aunque hay países que están en las tres categorías).


Como vimos, hace menos de un mes, en California (el estado más rico de Estados Unidos), se pretendía legalizar la marihuana. Aunque al final no se aceptó el proyecto, y la marihuana sigue siendo ilegal, esto pone a pensar sobre las políticas de drogas. Ellos ponen los adictos, nosotros los muertos.


Es necesario romper con el paradigma, con la doble moral, y decir, de una vez, si se va a condenar la droga o si se va a legalizar. Si se escoge el primer camino, es necesario fortalecer la Interpol, y darle todos los recursos necesarios para que pueda atacar a productores y transportadores por igual. Además, sería necesario declarar ilegal la droga en cada una de las naciones. Si por el otro lado se escoge el segundo camino, más liberal y posiblemente más exitoso, es necesario empezar por legalizar en cada uno de los países la droga. Esto haría que el problema de las dogas trascendiera, der ser un problema de seguridad y de ultra violencia, a un problema de libertades y de salud. Ya no sería deber de los estados atacar a los narcotraficantes, sino prevenir el consumo; el estado debería regular la producción y la distribución cobrando impuestos altos, como los que se le cobran al trago y a los cigarrillos, ejerciendo su poder no represivo, y generando no una lucha, sino una conciencia contra las drogas. Para que esto sea posible, insistimos, es necesaria una política global de legalización, educación y prevención. Esta educación y prevención generaría un bloqueo inmediato, no contra el adicto cotidiano, el consumidor pequeño, sino contra el gran productor: “el capo”.


El Estado no se rinde cuando decide legalizar las drogas (en especial la marihuana); acepta su realidad, y entiende que no es la represión al consumidor lo que logra generar el cambio. Tres ex presidentes de Latinoamérica, Gaviria de Colombia, Zedillo de México y Cardoso de Brasil (los tres son liberales, y los tres terminaron con apreciación de sus gobernados, y con admiración internacional), han establecido que la política de drogas no está funcionado. Esto se debe, principalmente a ese ataque que se hace a un blanco errado. No se debe atacar al consumidor, sino al productor y al producto. El cambio de percepción es necesario, y se debe eliminar el precepto que nos hace pensar al drogadicto, como a un enemigo de la sociedad. Esto no se puede lograr cuando el traqueto, el gran mafioso, es respetado dentro de los círculos de poder del Estado y de la misma sociedad que enemista con la víctima (el productor sin educación, amenazado y campesino, y el drogadicto de a píe).


Es ahí donde se debe entrar a defender las libertades del individuo, y el Estado y la Comunidad Internacional debe plantearse la pregunta de hasta donde intervenir. Esto recuerda la frase de Thoreau “el mejor gobierno es el que gobierna poco”, y debemos decir, pues, hasta donde queremos que se nos gobierne.



La lucha contra las drogas como un esfuerzo que debe continuar



Generalmente cuándo nos referimos a la lucha contra las drogas inmediatamente lo relacionamos con el hecho que vivimos bajo un Estado opresor que no nos permite desarrollar nuestra personalidad y, en su lugar envía a sus jóvenes a luchar una peligrosa batalla contra las drogas que parece no rendir fruto y se alía con algún país lejano que se niega a aceptar que la responsabilidad es conjunta lo cual degenera en el circulo vicioso de muerte, represión y violencia en el que estamos enfrascados actualmente.


Sin embargo, las anteriores percepciones son una derivación que encuentra su cuna en la falta de información y rapidez al juzgar. En un principio es necesario que determinemos la naturaleza de nuestro enemigo: la droga. Este enemigo libra su batalla en dos frentes, el primero se materializa todos los días en todas las esquinas de las ciudades colombianas, el mismo que no nos da tranquilidad cuando caminamos por nuestras calles: este frente es el de la adicción. Un estudio del National Institute on Drug Abuse ha demostrado que no existe tal cosa como “consumo espontaneo” y que de hecho, el consumo es progresivo, es decir va en aumento y eventualmente cambia a drogas más fuertes pues el cuerpo se acostumbra a cierta droga lo cual le obliga a pasar a la siguiente. Los efectos de la adicción son muchos y además muy conocidos: hay una enajenación, la adicción es incontrolable, es necesario conseguir dinero para seguir consumiendo, lo anterior deriva en el crimen, entre muchas otras nefastas consecuencias. La droga tiene el potencial de llevarse generaciones enteras al abismo de la adicción, el cual parece ser un pozo sin fondo (1 de cada 10 farmacodependientes logra rehabilitarse definitivamente) aprovechando la actitud curiosa de los jóvenes para atraerlos a su muerte en vida.


El segundo frente de batalla es igual de virulento, pero mucho menos visible, este es el demonio de la coca que solo ven los soldados de la patria, quienes luchan día a día para contenerlo y eventualmente vencerlo: este es el fenómeno del narcotráfico. Un efecto claro de las drogas es la violencia, sin embargo esta no nace del carácter ilegal de las drogas, sino de su naturaleza intrínseca. Primero que todo es necesario aclarar que legalizar la marihuana no va a acabar con la imagen del capo o debilitar de ninguna manera a la guerrilla, pues la marihuana juega un papel mínimo dentro de su portafolio (7% según Juan Guillermo Ferro ) que se nutre a partir de la cocaína y el éxtasis principalmente, sustancias que jamás se debería considerar en legalizar por sus efectos mucho más nocivos que la marihuana. Dos claros casos que demuestra la naturaleza violenta de las drogas son los tristes casos de Perú y México quienes están sumidos en terribles batallas, no por el hecho que la droga sea ilegal, sino por el hecho de haber bajado la guardia, la extrema violencia que hoy se vive en México es la natural consecuencia del gobierno de Vicente Fox que bajó la guardia en la lucha contra las drogas y permitió el crecimiento de las mafias y finamente le heredó a su sucesor Felipe Calderón las mafias más terribles del continente.


Al haber aclarado la amenaza que son las drogas para las futuras generaciones y la violencia que estas causan, tenemos la premisa fundamental que las drogas son un mal que amenaza la sociedad y por tanto debe ser combatido, de esta manera tenemos un sustento ideológico detrás de la lucha: lo hacemos por las futuras generaciones.


Ahora es necesario pasar a los aspectos más prácticos de nuestra lucha. En un principio, la lucha contra las drogas no es una lucha que haya fallado, como argumentan varias organizaciones pro-legalización. De hecho, según las Naciones Unidas, desde el comienzo del Plan Colombia los cultivos de coca se han reducido a menos de la mitad (Ver grafico). A partir de la información suministrada por un organismo imparcial como la ONU podemos ver que la lucha contra las drogas no está fallando, de hecho ha tenido éxitos notables, por lo tanto resultaría ilógico abandonar una política que ha resultado exitosa.

Por lo tanto es necesario concluir que es necesario aceptar que las drogas son una amenaza para la sociedad y particularmente para los jóvenes por sus comprobados efectos nocivos sobre la salud mental, esta premisa fundamental nos obliga a luchar contra este mal y dicha lucha de hecho va bastante bien como se demostró anteriormente, sin embargo es necesario reforzar esta lucha y no bajar la guardia para poder seguir el buen camino y vencer en la lucha.

Tejiendo conclusiones: ¿Qué se quería logar con el Acto Legislativo 002 de 2009?

La investigación realizada a lo largo de este semestre ha sido bastante intensa y, en consecuencia ha arrojado bastantes indicios que nos muestran qué resultados se querían obtener con este acto legislativo; sin embargo estos indicios no siempre apuntaron a la misma dirección por lo tanto el equipo de dosisminima.blogspot.com ha decidido elaborar tres conclusiones diferentes y dejar al lector en libertad de elegir cuál de ellas le resulta más convincente, a continuación los principales puntos de cada una de ellas.



La primera conclusión sugiere que el propósito del acto legislativo es el de aislar a los drogadictos de la sociedad. Según esta conclusión el consumo de drogas dentro de nuestra sociedad siempre ha sido un tabú pues dicho consumo se ha desarrollado principalmente en secreto, sin embargo a medida que la sociedad ha cambiado el consumo se ha hecho más frecuente y más público como lo revelan los estudios allí citados y la investigación hecha por el grupo. Este cambio genera un rechazo por parte de la sociedad que trata de mantener el statu quo y por tanto desea aislar a estos “inadaptados”, esta conclusión se basa en el estudio del sociólogo alemán Geog Simmel quien afirma que la sociedad no pretende solucionar la situación de dichas personas sin contener los efectos sociales de su condición, lo anterior se relaciona con que solo el 10% de los adictos logra una rehabilitación completa (investigado por el grupo).


De la misma manera se cuestiona el texto que resulta bastante ambiguo a la hora de definir quién es farmacodependiente por lo tanto peligra el exceso de subjetividad, lo cual permitiría aislar mas “indeseables” por diversos motivos subjetivos. Por último critica la manera tan similar con la que el acto legislativo trata a los sospechosos y a los adictos pues su primer encuentro es con el cuerpo policía, de lo anterior la autora infiere que desde un principio se trata de un acercamiento punitivo lo cual revelaría el fin último de este acto legislativo: aislar y controlar a la población farmacodependiente.


La segunda conclusión es opuesta a la primera pues esta sugiere que el fin del acto legislativo es un derivado natural del Estado Social de Derecho y busca ayudar a esta población vulnerable. Esta conclusión se basa en que el acto legislativo no solo trata de ayudar a los adictos, pues también contempla diversas campañas pedagógicas con el fin de prevenir el consumo, de lo anterior infiere la autora que se trata de un mecanismo holístico de ayuda pues pretende atacar las condiciones sociales detrás de la adicción a través de la pedagogía, sin desamparar o olvidar a aquellos que ya s encuentran en estado de adicción.


Esta conclusión toca también un tema bastante polémico que es el costo, que muchos (incluido este grupo en sus investigaciones) han considerado exagerado. Según la autora los costos son lógicos pues se trata de un proceso que debe ser llevado a cabo por personas muy capacitadas en dicho proceso y además debe suceder en ambientes propicios para la rehabilitación y para eso es necesario desarrollar la infraestructura adecuada, asimismo argumenta que las campañas de educación deben suceder a nivel nacional, lo cual resulta costos. De allí los altos costos que según la autora están destinados al fin verdadero del acto legislativo 002 de 2009: rehabilitar a los drogadictos y reinsertarlos a la sociedad, pero al mismo tiempo evitar que más jóvenes caigan en las redes de la droga.


La última conclusión ofrece un punto intermedio, sugiere que la medida no es ni punitiva ni permisiva y concluye que dicha ambigüedad se debe a fines electorales. A partir de los estudios citados y las investigaciones hechas por el grupo el autor determina que hay un claro patrón de mayor consumo y aceptación de las drogas por parte de los jóvenes lo cual implica que se está generando un ámbito propicio entre estos nuevos votantes para la legalización. En vía paralela hace un recuento de la historia legislativa que revela el carácter estrictamente punitivo que ha sido tradicional de la legislación colombiana frente a las drogas lo cual le lleva a preguntarse porque hay un súbito cambio en este tema.


Para responder a la pregunta el autor analiza el contenido del acto legislativo a partir del cual concluye que es permisivo pues permite cierta cantidad para el porte de estupefacientes antes de declarar a la persona un traficante y por el otro lado, resalta el carácter voluntario del proyecto pues, para ser internado en rehabilitación es necesario contar con la aprobación del individuo. A partir de lo anterior el autor considera que coinciden dos situaciones: la mayor aceptación de la droga por parte de los votantes con un relajamiento en el carácter punitivo que el Estad había tenido frente a las drogas, considera que el acto legislativo es producto de la convergencia de estas dos situaciones y por tanto concluye que el acto legislativo que no es ni punitivo ni permisivo pretende encontrar un punto medio donde las dos partes se sientan cómodas y así acaparar a estos nuevos votantes sin cambiar drásticamente la línea que el Estado ha venido llevando estas ultimas décadas. El anterior análisis es acorde con los actos del Presidente del Congreso, doctor Armando Benedetti Villaneda quién, a pesar de ser el ponente de este acto legislativo estuvo entre las primeras personalidades en unirse al esfuerzo liderado por la Fundación Dosis de Personalidad en contra de este Acto Legislativo.


Como se expreso anteriormente la conclusión más apropiada es dejada al juicio del lector. Sin embargo es de resaltar que el texto, así como los hechos alrededor de él (exceso de presupuesto, las actuaciones del ponente, el aumento en el consumo particularmente en jóvenes, la pérdida del tabú) así como la teoría que lo rodea (aislar a los indeseables, bajo porcentaje de rehabilitación, deberes del Estado Social) dan lugar a muchas interpretaciones diferentes al contrastarlos con el texto. Es posible que la conclusión no sea una sola, puede que responda a dos de esta o incluso a las tres, cómo puede que no sea ninguna de las anteriores, sin embargo responder a la pregunta en el título es deber personal del lector.

Conclusión 3: El Acto Legislativo 002 de 2009, un punto medio entre lo punitivo y lo permisivo con el fin de ganar votos

El consumo de droga, ya sea por parte de los considerados adictos, o aquellas personas que en algún momento de su vida las han consumido, en los últimos años ha tenido un gran aumento. Cada vez el consumo de droga ocupa un mayor espacio de la sociedad Colombiana y cada vez el rechazo y el tabú acerca de esta temática es menor. Los últimos estudios acerca del consumo de droga en Colombia en los últimos años como El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el 2008. Las estadísticas reveladas por estos estudios nos muestran que Colombia no sólo sufre por la producción y la comercialización de droga, sino que también hay un grave problema de consumo de droga, esta importancia se evidencia en el protagonismo que ha ido teniendo el consumo de droga tanto en la agenda legislativa, en las altas cortes, como en la opinión pública.



En comparación con el resto del mundo el consumo de droga en Colombia es superior al promedio de una gran cantidad de países que se consideran grandes consumidores, lo cual lleva a pensar si el hecho de que las políticas del gobierno Colombiano en los últimos años se haya enfrascado solamente en luchar contra el narcotráfico, y todos los flagelos que este ha traído consigo, quizás haya causado un descuido en la problemática que estaba creciendo poco a poco en Colombia: el consumo. Después de ver este análisis de la tendencia al crecimiento que tiene el consumo de droga, también surge otro punto importante, a medida que se ha ido evidenciando el aumento del consumo dentro de las discusiones políticas se ha ido teniendo más en cuenta la elaboración de políticas que se enfoquen en el mismo. Un ejemplo es el Acto Legislativo 002 del 2009, por medio del cual se brindarle oportunidades y servicios básicos de salud para combatir su problema a los drogadictos.


Pero como se evidencia hoy en día, los gobiernos de turno son cada vez más contundentes en el mensaje antidrogas que mandan, estando este mensaje como punto principal e infaltable tanto en las campañas políticas, como en el desarrollo del plan de gobierno que ha sido presentado. Al mismo tiempo vemos como dentro del Congreso de la Republica se le abre un espacio bastante importante a un proyecto de ley que trata de brindarle beneficios a aquellas personas que consumen droga, ofreciéndoles la libertad de consumir droga, y ofreciéndoles la capacidad para decidir si quieren recibir un tratamiento médico de recuperación. Y como medida de prevención campañas de educación y de información que son totalmente distintos al carácter punitivo que maneja el Estado colombiano en contra de las drogas.


Este contraste, se puede notar en el proyecto de ley que reglamenta el acto legislativo 002 del 2009. Donde se presentan medidas que deben ser tomadas tanto en contra de los consumidores de droga, como en contra de aquellas personas que poseen droga con el fin de comercializarla. Por un lado el proyecto de ley preserva el mensaje antidrogas que caracteriza ha venido caracterizando al gobierno Colombiano, estableciendo claramente que aquella persona que sea sorprendida con la cantidad de droga que la ley estipula como superior a la dosis mínima inmediatamente será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde se le iniciara el respectivo proceso. Mientras que maneja un carácter no punitivo, en cuanto a los consumidores como tal se refiere, estableciendo un procedimiento que va destinado a evitar que el consumidor llegue a realizar una conducta que constituya un delito, y que le otorga todas las oportunidades a la persona, tanto como para que inicie voluntariamente un proceso de rehabilitación, como para que siga consumiendo droga.


¿Qué será lo que realmente lleva a que haya una contradicción tan extrema entre las políticas de estado en Colombia? ¿Serán estas motivaciones realmente por el bien del pueblo Colombiano? ¿O serán realmente estrategias políticas que persiguen fines e intereses políticos y personales, más que comunes y a favor de la población?


El cambio repentino de muchos congresistas, que en algún momento iban de la mano con el carácter punitivo que venía manejando el gobierno, y que ahora se presentan en algunos casos como ponentes de proyectos con el carácter que antes fue mencionado, y en otros casos apoyando proyectos de esta especie y defendiendo una vía no punitiva para el manejo del problema de la drogadicción en Colombia. Causa una desconfianza en cuanto a ¿qué razón podría ser tan fuerte como para hacer cambiar de opinión a tantos parlamentarios casi que en un mismo lapso de tiempo o en una misma época, sus convicciones sociales, morales y éticas? Entonces se comienzan a analizar múltiples factores que hayan podido incidir. Primero que todo tenemos una población que cada vez mas está de acuerdo con el consumo de droga y con la libertad que debe tener cada persona si quiere hacerse daño a sí mismo o no. Una población que va creciendo y con las nuevas generaciones va trayendo una forma de pensar distinta a la que hace una década o un poco mas se manejaba. Al mismo tiempo tenemos una clase política que necesita ir “reclutando” votantes y que debe ir cambiando su forma de pensar con el fin de obtener los votos de esta nueva generación de votantes. De esta forma una de las razones que llevarían a este cambio seria, mantener la posición política que los parlamentarios manejan por medio del reclutamiento de nuevos votantes, lo cual llevaría a que básicamente el cambio se hubiera dado con fines electorales y políticos.

A partir de esto podemos ver un pequeño fragmento del porque esta contradicción que en la actualidad se está presentando entre distintas actitudes y el distinto carácter que hay dentro de las distintas políticas que se quieren implementar ya sea por parte del gobierno, o ya sea puestas en marcha por el poder legislativo. Vemos que no hay una serie de objetivos que en realidad se quieran cumplir por el beneficio de las personas, sino una serie de decisiones que se toman con el fin de mantener su poder político. En un país donde el consumo de droga ha aumentado tanto, una política totalmente punitiva al respecto, tendría muchos contradictores dentro de la población y de esa manera cualquier político que siga totalmente esas medidas punitivas, estaría oponiéndose a muchas personas que le podrían significar votos.

Conclusión 2: Acto Legislativo 002 de 2009: Un Acto Protector

El consumo de drogas ya no es un secreto. Cada día que pasa, éste hecho se hace más evidente y cada vez más público. En países como Holanda el consumo de drogas incluso está legalizado, y en varios países las propuestas legislativas para seguir con ésta tendencia cogen más y más fuerza. Sin embargo, Colombia pareciera ir en vía contraría de esta “corriente”. En el 2009 se aprobó el Acto Legislativo 002 de 2009, que prohíbe el porte y consumo de estupefacientes y acoge al drogadicto a un proceso de rehabilitación, lo que se logró mediante la reforma del artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991.


Durante cinco meses se realizó un estudio acerca de los alcances y limitaciones de este acto legislativo. En un principio se analizaron los argumentos expuestos promovedores del Acto. Dentro de los más fuertes, se encontraba el hecho de que es contradictorio legalizar el consumo y porte de estupefacientes en un país que lucha diariamente contra su cultivo y producción, y que además, su población ha padecido lo que ésta industria implica: inflación en el mercado por exceso de dinero circulante, violencia en las ciudades, sicariato, secuestros, etc. De lo anterior se desprende que aceptar dicho consumo seria una contradicción en los valores intrínsecos del Estado colombiano y un insulto a todos aquellos que han dado la vida por esta lucha. La situación de Colombia no es como aquella de Holanda y demás país que han legalizado o planean legalizar las drogas, en Colombia se han sufrido los coletazos de la producción de drogas a un enorme costo humano y no sería posible, dentro de la coyuntura actual de lucha contra el narcoterrorismo legalizar el producto que alimenta esta guerra.

Otra razonó importante son las crecientes estadísticas publicadas en El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el 2008. En este estudio no solo se evidenciaba el aumento del consumo de éste tipo de sustancias, sino también el consumo se encuentra ligado a distintos tipos de conductas delictivas que desequilibran el orden social de la nación. Fue aún más preocupante para los legisladores cuando los números de las estadísticas indicaban que el consumo se estaba presentando especialmente en una población muy joven (entre 14 y 25 años de edad), y que este número se encontraba efectivamente ligado con otro que presentaba la Policía Nacional en el que se evidenciaba que se había aumentado la delincuencia en ésta misma población.


Basado en lo anterior se encuentran dos situaciones convergentes: por una parte el estado libra una lucha contra las drogas que alimentan el conflicto, pero por la otra el consumo de las mismas aumenta entre los jóvenes. Una respuesta lógica a esta situación es la de prohibir el consumo, pero ayudar a aquellos individuos que ya han caído en el vicio, eso es precisamente lo que hace el Acto Legislativo 002 de 2009. En un principio, es necesario tener en cuenta que el texto es muy explicito al explica que estas medidas no son de tipo penal sino de rehabilitación, es decir no acarrea sanciones en su lugar el Estado ofrece ayuda al financiar una rehabilitación.


Ahora bien, no se puede argumentar la rehabilitación como un proceso para aislar a los drogadictos pues este es el único proceso que existe para ese fin, es decir: la rehabilitación no fue creada para aislar individuos sino es el único proceso existente para reinsertarlos en la sociedad. Sería injusto comparar el proceso de rehabilitación con el de las cárceles pues el primero en un principio tiene fundamento científico y el proceso es monitoreado por expertos en el tema, mientras el segundo es un “reencauche” de ideas que se remontan a varios siglos y son monitoreadas por individuos sin ninguna preparación que no sea coercitiva: los guardias.


Por otra parte han surgido varias críticas con respecto al presupuesto, esto merece dos consideraciones. En primer lugar es necesario clarificar que la rehabilitación es solo un eje del proyecto que también consta de campañas educativas en contra del uso de drogas. Dichas campañas no solo demuestran reconocimiento por parte del Estado que existen diversos factores detrás de la situación de la drogadicción (y las campañas están orientadas a pelear contra estas situaciones) pero sin desamparar a los que ya han caído en el vicio ( la rehabilitación ataca este problema) y por tanto vemos una preocupación por parte el Estado en atacar el problema desde todos los frentes y prevenir a toda la ciudadanía del riesgo que son las drogas, es por este acercamiento a toda la ciudadanía que se le denomina “salud pública”.

En segundo lugar, al haber aclarado que el proyecto tiene dos ejes es necesarios discutir los costos. El costo que a muchos resulta exorbitante es, de hecho bastante lógico. Las campañas tienen un alcance nacional y para que la rehabilitación sea satisfactoria se necesita de infraestructura apropiada de la cual se carece actualmente, por lo tanto estos gastos están destinados a crear la infraestructura apropiada para dicho proceso y para que las campañas puedan tener alcance nacional y así generar un cambio para todos los jóvenes colombianos independiente de la ciudad donde habiten.

Por último es importante mencionar que la mayoría de las personas consideradas drogadictas también suelen estar bajo la línea de pobreza, y generalmente en condiciones de indigencia. El sociólogo argentino Roberto Gargarella se pregunta hasta que puto debe intervenir el Estado antes estas personas y su afirmación que “el Estado solo aparece para estas personas para castigarlas” resulta particularmente verídica en el caso colombiano como lo demuestran las estadísticas de las cárceles colombianas donde la mayoría de presos son hombres y están allí por delitos contra el patrimonio y suelen tener condiciones socio-económicas muy bajas. El Acto Legislativo 002 de 2009 representa un punto de quiebre contra esta política, al acercarse a estas personas no de manera penal sino ofreciéndoles oportunidades.


En merito de lo expuesto anteriormente podemos concluir que la intención del legislador a la hora de escribir el Acto Legislativo 002 de 2009 fue el de acercar al Estado a las personas más vulnerables ya no de manera coercitiva, sino ofreciéndoles una oportunidad. Dicha política resulta coherente con la lucha contra el narcoterrorismo que está librando el país y ofrece medidas oportunas al atacar los problemas detrás de la drogadicción con campañas a nivel nacional, pero tendiéndole una mano también a los que ya han caído en la drogadicción.

Conclusión 1: Acto Legislativo 002 de 2009: Una medida para encerrar a los Indeseables

Ya no es un secreto que las cárceles están hechas para encerrar a los indeseables, como lo han explicado sociólogos internacionales como Loic Wacquant y dichas teorías aplicadas al caso colombiano por Manuel Iturralde y Libardo Ariza. Si este no fuera el caso colombiano, las cárceles no estarían llenas, hasta en un 90%, de delincuentes comunes que no han sido condenados y viven en un ambiente carcelario lleno de armas, drogas, violencia y violaciones constantes de sus derechos humanos.



Pero, la pregunta que nos hacemos es si,¿ Los que son llamados por el Acto Legislativo 002 del 2009 cómo enfermos, hacen parte de los indeseables que hay que encerrar?


Primero, echémosle un vistazo al perfil del farmacodependiente que quiere imponer el proyecto de ley en la sociedad. “Enfermo Dependiente o Adicto: Persona que se administra repetidamente una sustancia ilícita. Se diagnostica por un experto según criterios de la OMS y/o APA”. Una vez analizada la definición se puede ver cómo el enfermo no es sólo aquel que consume la sustancia hasta tal punto que no puede vivir sin ella, sino también aquella persona que la consume para su recreación. Es decir, según este principio sería consumidor toda persona que haya probado algún tipo de estupefaciente dos o más veces en toda su vida. Esto tiene una implicación bastante agravada en la aplicación del proyecto, ya que la lista de enfermos esta creciendo cada día más.


De lo anterior se identifica un problema muy preocupante y es que el juicio resultaría subjetivo. De lo anterior se desprende arbitrariedad a la hora de aislar a dichos individuos, esto es un primer indicio para creer que el fin del Acto Legislativo 002 es de aislar individuos “indeseables” para la sociedad según un criterio subjetivo, amparado bajo la figura del drogadicto.


Ahora bien, una vez vista la larga lista de individuos a las que pretende ayudar la ley, es importante mencionar las medidas que el acto legislativo dispone para su denominado tratamiento. El Acto Legislativo 002 del 2009 establece que el objetivo de del examen citado anteriormente es saber el tipo de tratamiento que se debe aplicar. Así el proyecto de ley propone dos tipos de tratamiento: el primero es una medida pedagógica, puramente ilustrativa para aquellos cuya adicción es de un nivel muy bajo y controlada. Y el segundo es “una medida rehabilitadora” para quienes no tendrían ese control sobre su consumo y el consumo sea largo y prolongado, en cuyo caso ya se estaría hablando de una adicción.


Por otro lado, cómo lo deja muy claro la sola definición de enfermo, el enfermo tiene que ser diagnosticado por un experto según criterios de la OMS y/o APA. Sin embargo, ¿como hace este enfermo para llegar hasta un experto de estas características, para poder ser diagnosticado? Pues bien, esto no le pasó por alto a quienes crearon la ley, por lo que propusieron una solución que a primera vista parecería bastante lógica y funciona de la siguiente manera: el adicto es encontrado primero por la policía, con quién tiene su primer contacto. En este punto se encuentra la clara comparación con el delincuente común y con el adicto.


Hay una similitud muy grande entre el adicto y el delincuente común, ya que ambos tendrían, en caso de ser atrapados, su primer contacto con el cuerpo policivo. Es claro, que la manera por medio de la cual la policía se entera de la existencia del drogadicto o de la persona bajo el efecto de una droga es porque otro ciudadano al que obviamente le molestan este tipo de personas lo haya denunciado. Por esta misma razón es que no se diferencia con el delincuente y el drogadicto. Basado en la teoría de El Pobre de Geor Simmel ambos hacen parte del tipo de gente que no es aceptado por la sociedad. Este argumento se ve reforzado por el propósito estipulado en el acto legislativo que es el de cuidar la salud del adicto y la salud pública, ahora bien ¿Qué tiene que ver la salud pública en todo esto? Existe una respuesta muy sencilla y clara. Hay quienes consideran que si se permite que las personas empiecen a consumir en lugares públicos se le pierde el tabú al consumo y aumentaría el número de adictos, que perjudicarían a la sociedad que no es adicta, ya que le perturbarían su paz en los lugares públicos.


De lo anterior se desprende como se menciono anteriormente que la sociedad ve al drogadicto como una amenaza (así como ve al pobre), sin embargo no está interesada en los problemas coyunturales que existen detrás de dicha situación cómo violencia intrafamiliar, pobreza, depresión, etc. En su lugar, para que el individuo no se convierta en un riesgo para la sociedad esta pretende erradicar los síntomas, es decir aislar al individuo de la sociedad para no tener que verlo, encerrándolo en un lugar casi tan desprestigiado como las cárceles pues se estima que solo el 10% logra una rehabilitación completa.


El Tabú, esa es la palabra indicada para definir lo que es el consumo de drogas. Es un tema que se ha dejado siempre “para más tarde”, es un tema al que se le ha dado la espalda, y cuando por fin se busca una solución adecuada para enfrentar la situación, para aceptar que si hay personas que consumen drogas lo que se quiere es que estás dejen de consumirlas y que no ayuden a que otras empiecen a consumir. Por lo que se puede llegar a la conclusión que el fin último de este proyecto de ley no es ayudar al consumidor sino aislarlo de la sociedad, marginarlo para, de esta manera “proteger a la sociedad” a través de las convenientes figuras de “farmacodependiente” y “salud pública” en lugar de atender a los problemas reales detrás del consumo de estupefacientes.


De lo anterior se desprende otra conclusión sobre su efectividad. De tener el presupuesto la medida resultará efectiva para su real propósito: aislar a individuos “indeseables”. Sin embargo es probable que resulte un fiasco político pues el discurso oficial promete una sociedad más segura y libre de drogas, esto fallaría pues como se expuso anteriormente la manera de lograr una sociedad libre de drogas es atacar los problemas reales detás de ellas, no esconder los síntomas.

Foro sobre cárceles: un reto para la sociedad civil:

El martes 9 de noviembre se realizó un foro sobre situación carcelaria en Latinoamérica. Éste fue organizado por algunos profesores de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, y contó con la participación, entre otros, de Libardo Ariza, Manuel Iturralde (profesores), Rodrigo Escobar Gil (ex magistrado de la Corte Constitucional y actual relator de la OEA para los derechos de las personas privadas de su libertad), y Liza Zúñiga (investigadora chilena). En las intervenciones de los panelistas hubo unanimidad en varios aspectos. En primer lugar se debe reconocer que en la mayoría de los estados latinoamericanos se presentan violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los presos (con hacinamiento y problemas de salubridad) y de los trabajadores de las cárceles; en segundo lugar es necesario implantar políticas mixtas que integren a las familias de los presos, a los guardias y las instituciones del Estado; en tercer lugar, es imprescindible la participación activa de la sociedad civil, que en la mayoría de los estados latinos está cayada y deja que sucedan los atropellos que se hacen a diarios a los derechos y las libertades mínimas de los reclusos. Es impensable lograr políticas positivas de control, capacitación, distribución de recursos, protección de derechos, salud, seguridad, entre otros, si no hay permanente apoyo de la sociedad civil. Este apoyo, encarnado en acciones públicas de Habeas Corpus masivos, de control de corrupción, de vigilancia de protección de derechos, es necesario para que en Latinoamérica se logre establecer un sistema carcelario que cumpla su cometido.

Es clave, para esto, decir que debería ser impensable un Estado que al castigar, le viole más derechos al condenado que los que éste le violó a algún ciudadano; y es que no puede concebirse, siquiera, que un Estado castigue y que ese castigo redunde en verdadero sufrimiento y en rebajamiento del preso a condiciones infrahumanas de enfermedad, abandono y violencia.

Para implantar un nuevo modelo, y para replantear lo que ya se ha hecho, es necesario que haya un análisis claro de los problemas únicos que presentan nuestras sociedades (pobreza, desempleo, violencia, desplazamiento, multiculturalismo discriminado), y con base en estos, plantear un nuevo modelo: un modelo no copiado de otros sistemas estatales, un modelo latinoamericano, que ataque los problemas latinoamericanos. Entre los problemas más complicados que deberá enfrentar este pensado sistema carcelarios, está el narcotráfico. Es indispensable plantear salidas para atacar, si es necesario, el porte y tráfico de drogas; sin embargo, se debe primero saber y conocer el fondo del problema, la desigualdad social, y la lucha por oportunidades. Por lo anterior incluimos esta reseña del foro, que si bien no habló del narcotráfico, lo reconoció como una situación especial del continente.

Segunda faceta del análisis del Acto Legislativo 002 de 2009: Tejiendo conclusiones

En la primera faceta investigamos el contexto: el texto de la ley, las implicaciones y motivaciones sicológicas, la efectividad de la lucha contra las drogas, las probabilidades de rehabilitación así como el marco jurisprudencial sobre el tema de las drogas. Esta sección nos permitió entender cuestiones técnicas quién es considerado un farmacodependiente, cuánto cuesta su rehabilitación y cuanto demora; asimismo averiguamos como sería la potencial ejecución y los problemas sociales a los que pretende responder. También averiguamos sobre los aspectos teóricos alrededor de este Acto Legislativo como lo son el texto de la ley con sus potenciales implicaciones así como el marco legal que rodea este tema.
Habiendo comprendido el contexto continuamos a hacer una análisis basado en las teorías vistas en clase para tratar de llevar esta investigación un paso más allá y, a la luz de estas teorías encontrar los intereses involucrados, el funcionamiento del campo jurídico y poder responder la pregunta: ¿A qué responde el Acto Legislativo 002 del 2009 y que pretende cambiar?

Primero que todo, vemos problemas en la definición de quién recibirá la ayuda del gobierno. La ley 30 de 1986 establece como adicto aquella persona que necesita repetidamente consumir una droga sin importarle las consecuencias que esto le traiga. Esta ley menciona tres conceptos que son importante tener en cuenta para llegar al concepto de adicción: Repetición, necesidad y consecuencias. Podemos decir entonces que el hecho de que una persona consuma cualquier cosa, podemos decir que esta precedido por una necesidad así sea leve de hacerlo, esto sin tener en cuenta que sea de droga que estamos hablando. Entonces teniendo en cuenta que consumir esta precedido por la necesidad de hacerlo, dentro de la adicción podemos incluir a aquella persona que dos veces en su vida sintió la necesidad de consumir algún tipo de droga y se convirtió en adicto según la ley Colombiana. Tenemos también como condición de adicción el hecho de que el consumidor no tenga en cuenta las consecuencias que la droga trae, es de conocimiento de todo el mundo que el consumir droga siempre trae algún tipo de consecuencia, ya sea neurológica, social, familiar, etc. Entonces los consumidores siempre tienen eso en cuenta por ende entrarían dentro del concepto de drogadictos.


Entonces ¿debería la ley Colombiana restablecer el concepto de adicto y drogadicto? ¿está lo suficientemente claro quién es adicto según la ley?, se deben tener estos aspectos en cuenta para así en caso tal de una reforma donde el estado deba cubrir los gastos de la rehabilitación, sea eficiente, eficaz y no sea simplemente como muchas veces pasa, una ley mas, o un dolor de cabeza más para el estado colombiano.

Por otra parte debemos estar claros frente a los motivos que tiene el Acto Legislativo, de esta manera podemos entender los principios que lo van a guiar y el problema social al que se pretende responder. Pese a lo anterior, a hacer un análisis más profundo el grupo de trabajo encontró resultados interesantes y muchas veces contradictorios; de esta manera identificamos cuatro motivos diferentes: el escrito en la ley que asegura buscar la rehabilitación del adicto, la sicológica que asegura que la ley responde a crecientes niveles de consumo, la del análisis desde la perspectiva de Foucault y la del análisis desde la perspectiva de Simmel, donde los tres primeros chocan con el segundo. Los tres primeros motivos resultan de hecho bastante razonables e incluso se complementan uno al otro pues sería natural que “si el nivel de adictos está en aumento es necesario que el Estado tomé acción a favor de ellos, esto implicaría no dar castigo penal sino ayuda integral”, esas tres propuestas que hemos mezclando en una sola presentan un Estado preocupado por la salud pública y con un actitud altruista estando dispuesto a atacar el problema de la adicción. El proceso descrito en la ley permitiría inferir lo anterior pues esta relata un proceso de apoyo estatal para “recuperar” el adicto de la adicción y reinsertarlo a la sociedad; todo lo anterior financiado por el Estado gracias a los impuestos de los ciudadanos. Asimismo al analizar el Acto Legislativo a la luz de “La vida de los hombre infames” de Michel Foucault veríamos como se aplica el concepto de “responsabilidad sin culpa” pues la responsabilidad recae sobre la causa que lleva a cometer el acto que infringe la ley (adicción en este caso), y no en la infracción como tal lo cual permitiría que la sanción impuesta tenga un carácter protector y regenerador, más que un carácter castigador.

Sin embargo, un análisis más profundo nos llevaría a pensar que el Estado no está tomando medidas en contra de la adicción, sin en contra del adicto. En su texto “El Pobre” Georg Simmel argumenta que la ayuda que se le da al pobre por parte del Estado está desinada a mantenerlo bajo control, en lugar de realmente ayudarlo, a partir de esa lectura podemos hacer una analogía con los drogadictos en Colombia. El argumento se basa en que, en el momento que el Estado considere la adicción como parte de la salud pública, este fenómeno pasará de la esfera privada a la pública convirtiéndose efectivamente en un tema público, en el cual por su nueva naturaleza pública habría intereses involucrados de la sociedad; haciendo un breve análisis de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (Publicado en CM&: http://www.cmi.com.co/?nt=53266) no es posible inferir que el 75% de la sociedad colombiana no acepta el problema de la drogadicción, por su oposición al consumo de droga, por tanto no se busca una solución, en su lugar se buscaría deshacerse del problema. Lo anterior es apoyado por la teoría de Waqcant quien argumenta que le método carcelario ya no es un método de rehabilitación, asimismo las cifras revelan que la reincidencia en las drogas ronda el 70% de los farmacodependientes, por tanto resultaría imposible hablar de una recuperación integral y resultaría contradictorio alegar estar ayudando a los adictos a sabiendas que muy pocos realmente lograran recuperarse. Por último se infiere que si el primer ente estatal con el que tendrá contacto el adicto es la policía, surge la pregunta de si realmente la mejor opción para lograr su recuperación, que es considerado, enfermo se logra por medio de un reclutamiento casi forzado; y por otro lado, si su primer contacto es con la policía, se puede deducir que tuvo que haber hecho algo que haya molestado a otro para que la policía note su existencia y pueda proceder a la rehabilitación. Por tanto se plantea una alternativa respecto a los motivos que animan este Acto Legislativo, a la luz de Simmel y Wacquant, pues parecería que la real intención de la ley, como se expresó anteriormente es la de deshacerse de los farmacodependientes, quienes afectan la sociedad, por tanto sería necesario alejarlos de la misma.

De la misma manera, al hacer un análisis frente al dinero que se planea invertir encontramos cifras astronómicas y poco justificables. Según el estudio realizado por este equipo de trabajo se planea invertir la mitad del presupuesto de guerra en este proyecto, invirtiendo 36 millones de pesos por cada farmacodependiente; esta cifra resulta particularmente contradictoria cuando las EPS reconocen 14 millones de pesos por tratamiento y sicólogos consultados aseguran que el proceso cuesta 8 millones de pesos por persona. Lo anterior resulta preocupante, no solo porque puede abrir la puerta a la corrupción sino porque es claro como ya lo declaró el Ministro de Interior que no hay dinero para invertir en este proyecto. Una vez más, se enfatiza que un legislador con reales intenciones de lograr un cambio social debería tener en cuenta las limitaciones del Estado y hacer cuentas más prudentes. Lo anterior nos lleva a pensar que no existe una seriedad por parte del legislador, pues la cuentas claramente no “cuadran” y así mismo desconoce las realidades del Estado colombiano.

Por otra parte, haciendo un análisis de los principios que rigen nuestro sistema judicial sacamos las siguientes consecuencias: Colombia es un Estado Social de Derecho, pero la Constitución incluye numerosos principios heredados del antiguo Estado Liberal que se caracteriza por la mínima interferencia del Estado en temas de la esfera privada, para asegurar el libre desarrollo de la personalidad. La anterior concepción ha sido defendida por la Corte Constitucional en su línea jurisprudencia, observada desde la sentencia C-221/94, entre otras, por lo tanto al declarar el problema de consumo de drogas como uno de salud pública, pasándolo de lo privado a lo público se iría en contra de la línea jurisprudencial de la Corte y los principios básico que rigen nuestro Estado, por tanto sería probable que no prospere esta ley y sea declarada inexequible. No se argumenta aquí que hay un error en ir en contra de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, sin embargo se hace una evaluación negativa de sus probabilidades para ser declarada exequible.

Podemos concluir que el Acto Legislativo 002 de 2009 se enfrenta a varios problemas. Por una parte, sus motivos están en tela de juicio pues, si bien hay unos motivos declarados la evidencia sobre abuso de estupefacientes le daría la razón a las teorías de Simmel y Wacquant. De la misma manera su real intención se pone en duda pues parte por ignorar la realidad del Estado colombiano en cuanto al dinero disponible y asimismo por cálculos errados, finalmente este proyecto va en contra de los principios liberales del estado así como la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional lo cual pone en peligro sus probabilidades para ser declarada exequible.

Haría falta un estudio del campo jurídico según Bordieu para terminar de entender los motivos de este Acto Legislativo, el cual será analizado la próxima semana. Asimismo parece ser tiempo de plantear alternativas y sugerencias.